Mientras el Real Murcia centra sus esfuerzos en una pretemporada con la vista puesta en lograr el ansiado ascenso al fútbol profesional, en los despachos de Nueva Condomina se libra otra batalla, esta vez en el terreno judicial. Tras el revés sufrido en la Audiencia Provincial con la anulación del Plan de Reestructuración, ahora es el Tribunal Supremo quien debe pronunciarse sobre la legalidad de la junta de accionistas celebrada el 4 de septiembre de 2018.
Será el próximo 10 de septiembre cuando el alto tribunal resuelva el recurso de casación presentado por el club grana contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que anuló la ampliación de capital aprobada en aquella junta y dio la razón a la mercantil ICONOS NACIONALES. Dicha ampliación, impulsada por Víctor Gálvez con un techo de 18 millones de euros, supuso finalmente la entrada de 1,3 millones, siendo Francisco Tornel el principal inversor con 200.000 euros.
El Real Murcia fundamentó su recurso en una supuesta infracción procesal y en la existencia de motivos casacionales, argumentos que han convencido al Supremo para admitir a trámite el caso. Una admisión nada habitual, ya que el alto tribunal rechaza la mayoría de los recursos que recibe, lo que pone de manifiesto que aprecia suficientes fundamentos jurídicos para abordar el asunto en profundidad. La resolución que dicte el próximo 10 de septiembre será definitiva e inapelable.
Los abogados Antonio Rubio y Daniel Moreno han llevado la defensa legal del club durante todo el proceso, defendiendo la validez de la ampliación de capital y sosteniendo que Mauricio García de la Vega solo tenía derecho a una participación accionarial proporcional a los 150.000 euros con los que accedió al club, y no al 84% que él reclamaba.
Ahora, será el Supremo quien tenga la última palabra en un asunto clave para la estabilidad jurídica e institucional del Real Murcia.
